By Gabriela Ramos, Special Counsellor to the OECD Secretary-General, OECD Chief of Staff and Sherpa to the G20
Women’s economic empowerment remains a critical challenge around the globe. Only half of working-age women are in the labour force, earning on average 24% less than men and are less likely to receive a pension (UN Women, 2015). Women are also disproportionately concentrated in informal and precarious employment, and they spend nearly two and a half more times than men in unpaid care and domestic work (OECD 2014). In schools, girls are less likely to choose STEM (science, technology, engineering, mathematics) careers, choosing other options that are less promising.
What explains such persistent gender inequality in outcomes? Many policy settings and regulatory frameworks drive these results. Underlying all of them are discriminatory social institutions that reproduce gender stereotypes and mind-sets that go against women. Research using the OECD Development Centre’s Social Institutions and Gender Index (SIGI) documents how discrimination in laws, attitudes and practices translates into gender gaps in outcomes related to education, employment and empowerment. Early marriage and pregnancy, for example, cut short girls’ education at the secondary level. In Uganda, pregnancy or marriage is cited as the main reason for dropping out of school by up to 21% of girls in some regions (OECD, 2015).
The political will to close the gender gap is expanding rapidly, however. Gender equality is becoming central in global and national policy making. World leaders are committed to reaching the ambitious target of gender equality by 2030 with the adoption of Sustainable Development Goal 5. In 2014 in Brisbane, Australia, G20 leaders committed to reducing the gender gap in labour force participation by 25% by 2025. The OECD was proud to contribute to this outcome with its analysis and work.
Gender equality is also gaining ground as “smart economics” – a way to boost economic growth through increased human capital, labour force participation and enhanced productivity. Women are now more educated and are reaching higher levels of school attainment than ever; yet this has not translated into labour market gains. Removing the barriers to their inclusion in the labour market has had positive effects for increasing the growth potential of countries. Indeed, just fulfilling the G20’s gender target could bring 100 million women to the labour markets of those countries. We already know from empirical studies that gender inequality in outcomes is bad for growth, especially when it comes to gender disparities in education and labour. New evidence indicates that gender-based discrimination in social institutions also impedes economic growth beyond those outcomes, according to a recent analysis by the OECD Development Centre.
The analysis shows a strong negative relationship between gender discrimination in social institutions and income per capita. This negative influence is found to be stronger for low-income countries and seems to affect the level of income by lowering the level of human capital, labour force participation among women and total factor productivity. What this means is that gender equality is a key economic issue in its own right, rather than a “soft” development topic that can be marginalised or ignored in national growth strategies.
The study also estimates the economic costs of gender discrimination in social institutions as well as the potential gains countries could achieve by having more equal social institutions. The income loss associated with current levels of gender discrimination could be substantial and staggering, reaching an estimate of over USD 12 trillion, or an equivalent of 16% of current global GDP. Yet, a gradual dismantling of gender-based discrimination in social institutions could yield substantial economic benefits, leading to an annual increase in the world GDP growth rate of 0.03 to 0.6 percentage points by 2030, depending on the policy scenario envisaged.
These findings add to existing research to better use the measure of gender-based discrimination in social institutions and analyse inclusive growth in countries at different stages of development. Strong evidence like this makes the case for including policies and programmes in national growth strategies that directly target discriminatory social institutions, while helping countries identify ways to make gender equality a reality. Reducing gender discrimination is good economics and good policy. It is a key objective of the OECD and its Development Centre as we support countries achieve more inclusive and sustainable development.
¿Existe una relación entre la discriminación de género en las instituciones sociales y el crecimiento a largo plazo?
Por Gabriela Ramos, Consejera Especial del Secretario General de la OCDE, Directora de Gabinete de la OCDE y Sherpa ante el G20.
El empoderamiento económico de las mujeres sigue siendo un reto fundamental planeta nivel mundial. Solo la mitad de las mujeres en edad de trabajar forman parte de la fuerza laboral, ganan en promedio un 24% menos que los hombres y tienen menos posibilidades de recibir una pensión (ONU Mujeres, 2015). Además, la concentración de mujeres en el empleo informal y precario es desproporcionada, ya que dedican casi dos veces y medio más de su tiempo que los hombres a las tareas domésticas y a los cuidados no remunerados (OCDE, 2014). En el ámbito educativo, resulta menos probable que las niñas opten por una carrera profesional en los sectores STEM (por sus siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas) que los niños, por otras opciones menos prometedoras.
¿Cómo se explica esta persistencia de la desigualdad de género en los resultados? Los contextos políticos y marcos normativos contribuyen en este sentido, ya que en ellos subyacen instituciones sociales discriminatorias que reproducen prejuicios y estereotipos de género contra las mujeres. Las investigaciones realizadas utilizando el Índice de Género e Instituciones Sociales (SIGI) del Centro de Desarrollo de la OCDE ponen en evidencia cómo la discriminación existente en las legislaciones, las actitudes y las prácticas se dan lugar a brechas de género en ámbitos tales como la educación, el empleo y el empoderamiento. El matrimonio precoz y el embarazo, por ejemplo, impiden a las niñas el acceso a la educación secundaria. En Uganda, el embarazo o el matrimonio se citan como el motivo principal de la deserción escolar de hasta el 21% de las niñas en algunas regiones (OCDE, 2015).
A pesar de la voluntad política para cerrar la brecha de género se está expandiendo de manera rápida. La igualdad de género se está convirtiendo en un elemento central en la elaboración de políticas a nivel nacional e internacional. Los dirigentes mundiales se han comprometido a alcanzar la ambiciosa meta de la igualdad de género para el año 2030 con la adopción del objetivo de desarrollo sostenible #5. En la cumbre celebrada en 2014 en Brisbane, Australia, los líderes del G20 se comprometieron a reducir la brecha de género existente en la participación de la fuerza laboral en un 25% para el año 2025. La OCDE se enorgullece de contribuir a dicho fin a través de su trabajo y estudios analíticos.
La igualdad de género también está ganando terreno en el ámbito de la “economía inteligente”, como vía para estimular el crecimiento económico mediante el aumento del capital humano, la participación de la fuerza laboral y una mayor productividad. En la actualidad las mujeres están más capacitadas y muestran mejores niveles de rendimiento escolar que nunca; sin embargo, lo anterior aún no se ve reflejado en beneficios en el mercado de trabajo. La eliminación de barreras para su inclusión en el mundo laboral ha tenido efectos positivos respecto al crecimiento potencial de los países. De hecho, el cumplimiento del objetivo relativo a la igualdad de género del G20 podría suponer la incorporación de 100 millones de mujeres en los mercados de trabajo de esos países. Estudios empíricos revelan que los efectos de la desigualdad de género son negativos para el crecimiento, especialmente en términos educativos y laborales. De acuerdo a un estudio publicado recientemente por el Centro de Desarrollo de la OCDE, la discriminación de género presente en instituciones sociales supone un impedimento para el crecimiento económico que va más allá de dichos resultados.
El análisis muestra una fuerte correlación negativa entre la discriminación de género en instituciones sociales y el ingreso per cápita. Esta influencia negativa se ve acentuada en países de bajos ingresos y parece afectar el nivel de ingresos mediante la reducción del nivel del capital humano, la participación en la fuerza laboral entre las mujeres y la productividad total de los factores. En este sentido, la igualdad de género es una cuestión económica clave en sí misma y no un tema “menor” sobre crecimiento que puede excluirse o ignorarse en las estrategias nacionales de crecimiento.
El estudio también estima el costo económico derivado de la discriminación de género en instituciones sociales así como las ganancias potenciales para aquellos países con instituciones sociales más igualitarias. La pérdida de ingresos asociada con los niveles actuales de discriminación de género podría ser considerable e incluso abismal, llegando a alcanzar un costo superior a los 12 mil millones de dólares estadounidenses aproximadamente, lo cual equivale al 16% del PIB global actual. No obstante, el desmantelamiento gradual de la discriminación de género en instituciones sociales podría producir beneficios económicos muy importantes, y generar así un aumento anual de la tasa de crecimiento del PIB mundial de entre 0.03 y 0.6 puntos porcentuales para el 2030, dependiendo del escenario político que se contemple.
Los anteriores hallazgos se suman a otros estudios de investigación que buscan hacer un uso más eficiente del índice de discriminación de género dentro de instituciones sociales, así como un mejor análisis del crecimiento inclusivo de países en diferentes etapas del desarrollo. Evidencia sólida como la citada en este texto, refuerza la necesidad de incluir en las estrategias nacionales de crecimiento políticas y programas orientados hacia las instituciones sociales con prácticas discriminatorias, a medida que se apoya a los países en la identificación de modalidades para que la igualdad de género se convierta en una realidad. La reducción de la discriminación de género es una buena medida económica y una buena política. Este es también un objetivo clave para la OCDE y su Centro de Desarrollo conforme apoyamos a los países para lograr un desarrollo más inclusivo y sostenible.
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